Desde el Colegio de Profesionales en Orientación nos sumamos al llamado de diferentes organizaciones de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las personas adolescentes en Costa Rica, ante los recortes presupuestarios aprobados recientemente por el actual Gobierno y la Junta Directiva del PANI y que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables del país.
Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia.
Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.
Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo se deben considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, agravando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.
En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.
Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional.
Ambas decisiones afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.
Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).
Dado todo lo anterior, desde el Colegio Profesionales en Orientación y las distintas organizaciones, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.